Sobre los decretos educativos de abril y mayo para Puebla

En relación con mi situación de maestra de preparatoria en escuela particular del estado de Puebla, investigué mejor sobre los decretos de abril y mayo en el sector educativo (no sin vergüenza por haber tardado). Con base en datos de Imagen Noticias, Milenio Noticias y Excelsior Noticias:

Por un lado, sabemos que, a través Periódico Oficial, el pasado 17 de abril, el gobernador Miguel Barbosa exhortó a los propietarios de escuelas privadas a: 1) no cobrar colegiaturas a los padres que hayan sido despedidos de sus trabajos ante el COVID-19;  2) reducir el pago de las mismas a solo el 75% del total, evitando el pago de cuotas extraordinarias; e 3) implementar un sistema de pagos diferidos durante la pandemia.  En particular me parece una muy pertinente iniciativa, a pesar del estado medianamente congelado en que se hallan algunos sectores productivos de nuestra región, en el que obviamente se incluyó a Educación y todo lo que ello implicará. Pero, muchos padres de familia que pueden elegir una escuela privada para sus hijxs, también se han visto mermadxs por la contingencia sanitaria y representan una parte de la población.

Aunque es conocimiento de todxs que existe muchísima desigualdad en el acceso a oportunidades, para hablar de democracia como Morena se ha pronunciado en varias ocasiones, hay que dejar de echar mierda a los "consorcios universitarios" y "a los ricos" y realmente ser solidarios con los verdaderamente afectadxs en este punto: los padres de familia de las hijxs que asisten a escuelas privadas, ya que, tienen derecho a poder seguir eligiendo tal o cual escuela. Sé que hablo desde el privilegio, y aun así, creo que es justo.


Lamentablemente nuestro sistema educativo público no es bueno, sobre todo por la estructura en sí y por unos cuantos grupos de control del mismo, ya que hay muchísimos maestrxs con vocación que luchan por enseñarles a sus alumnxs de la mejor manera, eso a mí, Raquel Castillo Gutiérrez me consta porque tengo compañerxs normalistas de la maestría que han contado sus experiencias frustrantes y de condiciones precarias, en público y de manera personal durante las clases.



Por otro lado, sabemos que las instituciones privadas, a través de la Federación para la Defensa de Escuelas Particulares, han solicitado un amparo cuyo plazo para ejecutarse es hasta este 30 de junio, en relación con la Ley de Educación propuesta por del mismo gobernador y miembros del Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, y aprobada por el Congreso Estatal el pasado 15 de mayo sobre la intervención estatal en los servicios y funcionamiento interno en las instituciones privadas de todos los niveles, en las que se incluyen sanciones económicas por actos arbitrarios, tales como: retención de documentos académicos o personales por falta de pago y condicionamiento de adquisión de uniformes. También se habló sobre esquemas de fiscalización aprobadas por SEP, si algún padre los pidiesen y la utilización de los bienes muebles e inmuebles para el Sistema Educativo Estatal, pese a que se "haya aclarado" que ello significa 'para fines educativos a que fueron destinados'. Asimismo, se decretó la prohibición en todas las escuelas, de la comida chatarra, el cambio de domicilio sin previo aviso y la difusión de datos personales sin el consentimiento del tutor.

En esta Ley hay aspectos positivos, y armoniza con las leyes federales desde 1993 (la Ley General de Educación) respecto a los qué son, cómo funcionan y conforman los sujetos, organismos, instituciones, al Sistema Educativo Nacional (municipales, estatales, descentralizados y privados). Sin embargo, esta pugna en realidad es entre el Estado y los intereses empresariales, como Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y la Unión de Padres de Familia, influyentes y con grandes recursos dentro del sector educativo, pese a que la oferta privada sea pequeña a nivel básico, como menciona Hugo Casanova, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación: "el preescolar concentra el 16% de la oferta educativa, mientras que en primaria y secundaria apenas es un 8%".

En este sentido, el revuelo es justificado  para los empresarios y para los rectores de las universidades privadas. Asimismo, si no se aclarase por expertos como Casanova que la ley no pretende derogar ejercicios y servicios al sector en cuestión, ya que se habla de ambos sectores "vertebrados para darle cause al sector educativo" parafraseándolo, para el mismo fin, sería comprensible que el personal de instituciones privadas se pudiera alarmar.

(Aunque, conociendo a nuestro gobernador, yo en particular sigo sintiendo una leve espina sobre la situación. Es como un mal presentimiento sobre lo que pudiera pasarnos en el Instituto Madero).

No obstante, como menciona nuevamente el director, en otros términos: "lo más antidemocrático de todo fue que la Ley se propusiera y aprobara por Morena en 'fast track' como se le llama, sin tomar en cuenta a los implicados del asunto".  Y, como siempre lo verdaderamente alarmante es que se siga sin prestar atención a mejorar la calidad educativa nacional.  Tan solo hablando ya del estado, Puebla ocupa el lugar 27 de 32 en rezago educativo nacional...

La polémica por el contenido y los procesos de legislación de la Ley podrían llevarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las cosas quedan en un "veremos".